Queremos que cualquier persona pueda comprender sus opciones ante un problema legal en España, identificar las cuestiones que debe comprobar y reconocer cuándo necesita asesoramiento profesional.
1. Nuestros principios editoriales
Derecho en Foco desarrolla su actividad informativa a partir de seis principios fundamentales.
Rigor jurídico
Las afirmaciones sobre derechos, obligaciones, plazos y procedimientos deben apoyarse en fuentes jurídicas pertinentes y tener en cuenta la legislación aplicable.
Cuando una cuestión admita interpretaciones diferentes, existan excepciones relevantes o su resolución dependa de circunstancias concretas, debemos explicarlo sin presentar como definitiva una conclusión que no lo es.
Independencia editorial
Las decisiones sobre los temas, el contenido y las conclusiones de nuestras publicaciones deben responder al interés informativo del lector.
Las relaciones publicitarias o comerciales no deben modificar la interpretación de las normas ni condicionar las explicaciones jurídicas.
Transparencia
Buscamos diferenciar claramente la información editorial, las opiniones, los ejemplos ilustrativos y los contenidos comerciales.
También consideramos importante que el lector pueda identificar las fuentes utilizadas y conocer el alcance y las limitaciones de la información publicada.
Utilidad práctica
No queremos publicar únicamente definiciones legales. Nuestro enfoque consiste en ayudar a comprender qué opciones existen, qué consecuencias pueden tener y qué actuaciones conviene valorar.
Claridad
Utilizamos un lenguaje accesible y explicamos los términos jurídicos cuando son necesarios. La claridad no debe conseguirse eliminando requisitos, excepciones o matices que puedan cambiar el resultado de un caso.
Responsabilidad
Reconocemos que una guía informativa no sustituye el análisis individualizado de un profesional. Evitamos prometer resultados y presentar como seguras soluciones que dependen de pruebas, hechos o decisiones judiciales.
2. Selección de los temas que publicamos
Nuestra línea editorial se centra en los problemas jurídicos que pueden surgir en la vida cotidiana de las personas en España.
Al seleccionar contenidos valoramos:
- La existencia de una necesidad informativa concreta.
- La importancia de comprender los derechos y obligaciones implicados.
- Las posibles consecuencias de actuar incorrectamente o fuera de plazo.
- La utilidad de explicar alternativas y procedimientos.
- La relación del tema con otras cuestiones jurídicas que ayuden al lector.
- La disponibilidad de fuentes suficientemente fiables para desarrollar una explicación rigurosa.
La popularidad de una búsqueda en internet no es, por sí sola, una razón suficiente para publicar un artículo.
Priorizamos los contenidos que permiten responder preguntas reales y acompañar al lector durante las diferentes fases de un problema legal.
3. Fuentes y verificación de la información
La selección de fuentes constituye una parte esencial de nuestra política editorial.
Cuando una publicación contiene afirmaciones jurídicas, priorizamos la documentación oficial que resulte adecuada para contrastarlas.
Entre nuestras principales fuentes de referencia se encuentran:
- Boletín Oficial del Estado (BOE): legislación estatal y otras disposiciones oficiales.
- Consejo General del Poder Judicial: información institucional y recursos para consultar jurisprudencia.
- Tribunal Constitucional: resoluciones relativas a cuestiones constitucionales.
- EUR-Lex: legislación y documentación jurídica de la Unión Europea.
- Portal de la Administración General del Estado: información sobre servicios y procedimientos administrativos.
También pueden utilizarse fuentes autonómicas, organismos reguladores y documentación especializada cuando sean pertinentes.
No todas las fuentes tienen el mismo valor para acreditar una afirmación. Una noticia puede informar sobre una reforma legislativa, pero para comprobar su contenido y entrada en vigor debemos acudir a la publicación oficial correspondiente.
Del mismo modo, las experiencias particulares o las opiniones publicadas en internet no sustituyen la normativa aplicable.
4. Precisión jurídica y tratamiento de la incertidumbre
El resultado de un problema legal puede depender de hechos que no se conocen al formular una consulta general.
Por eso, nuestras publicaciones deben distinguir entre:
- Reglas generales: disposiciones aplicables habitualmente a una categoría de situaciones.
- Excepciones: circunstancias que modifican o limitan esas reglas.
- Interpretaciones jurídicas: criterios que pueden requerir análisis normativo o jurisprudencial.
- Supuestos hipotéticos: ejemplos destinados a facilitar la comprensión.
- Cuestiones que requieren asesoramiento: situaciones cuya solución depende de documentos, pruebas o circunstancias particulares.
Evitar afirmaciones absolutas es especialmente importante cuando tratamos asuntos relacionados con despidos, desahucios, embargos, deudas, conflictos familiares o procedimientos judiciales.
Una actuación que resulta adecuada en un supuesto puede no serlo en otro aparentemente similar.
5. Autoría y responsabilidad sobre los contenidos
Consideramos importante que las publicaciones permitan identificar su origen editorial y distinguir entre la elaboración de un contenido informativo y la prestación de asesoramiento jurídico profesional.
Las atribuciones de autoría deben corresponder a personas o entidades reales. No deben utilizarse identidades ficticias, cualificaciones inexistentes ni atribuir revisiones profesionales que no se hayan realizado.
Cuando un contenido cuente con la participación o revisión de un profesional jurídico identificado, su intervención debe describirse de manera precisa, indicando su función y las credenciales que correspondan.
La publicación de una guía en Derecho en Foco no significa, por sí misma, que haya sido revisada o aprobada por un abogado.
La responsabilidad editorial comprende también corregir errores detectados y evitar afirmaciones cuyo fundamento no pueda verificarse adecuadamente.
6. Uso de inteligencia artificial y herramientas digitales
Las herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, pueden utilizarse como apoyo en determinadas tareas editoriales, como la organización de información, la preparación de estructuras o la mejora de la claridad de los textos.
Sin embargo, una respuesta generada mediante inteligencia artificial no constituye una fuente jurídica válida por sí sola.
En particular, no debe utilizarse sin comprobación independiente para:
- Afirmar que una disposición legal está vigente.
- Atribuir una interpretación a un tribunal.
- Citar sentencias, artículos legales o resoluciones administrativas.
- Determinar plazos de reclamación o recurso.
- Confirmar requisitos procesales.
- Recomendar actuaciones jurídicas individualizadas.
Cuando se empleen estas herramientas, las afirmaciones jurídicas relevantes deben poder contrastarse con fuentes adecuadas.
No presentamos como experiencias personales, investigaciones propias o consultas profesionales actuaciones que no se hayan realizado.
La utilización de tecnología no elimina la responsabilidad editorial sobre la información publicada.
7. Actualización de artículos y cambios legislativos
La legislación española cambia y algunas interpretaciones jurídicas evolucionan a través de la jurisprudencia.
Nuestro criterio editorial es revisar los contenidos cuando se identifiquen modificaciones que puedan afectar de manera relevante a la información ofrecida.
Entre las circunstancias que justifican prestar especial atención a una publicación se encuentran:
- La aprobación de nuevas disposiciones.
- La modificación o derogación de normas existentes.
- La entrada en vigor de medidas previamente publicadas.
- Los cambios jurisprudenciales relevantes.
- Las modificaciones de procedimientos administrativos o judiciales.
- La detección de información incorrecta o desactualizada.
Las fechas de publicación y actualización deben reflejar actuaciones reales. Una modificación menor de formato no debe presentarse como una revisión jurídica completa.
Los contenidos que incluyen plazos, importes, requisitos económicos o medidas temporales requieren especial atención, porque estos datos pueden variar.
No podemos garantizar que cualquier cambio legislativo se incorpore inmediatamente a todas las publicaciones. Por ello, recomendamos contrastar la normativa vigente antes de realizar actuaciones con consecuencias jurídicas.
8. Política de correcciones y rectificaciones
Reconocemos la posibilidad de cometer errores y consideramos esencial corregirlos cuando se detecten.
Las incidencias pueden afectar a una referencia normativa, una fecha, un enlace, una explicación o una conclusión jurídica.
La respuesta editorial debe ser proporcional a la importancia del error:
- Errores menores: pueden corregirse sin alterar el sentido del contenido.
- Errores relevantes: requieren revisar la información afectada y sus posibles consecuencias para el lector.
- Errores que cambian una conclusión: deben corregirse con especial claridad y, cuando proceda, acompañarse de una nota explicativa.
- Contenido que no puede respaldarse: debe revisarse, reformularse o retirarse si no es posible garantizar una explicación suficientemente fundamentada.
No consideramos adecuado mantener una afirmación jurídica incorrecta por conservar la estructura original de una publicación.
Las solicitudes de corrección deben valorarse atendiendo a su fundamento y, cuando resulte posible, a las fuentes aportadas.
9. Publicidad, contenidos patrocinados y enlaces comerciales
Derecho en Foco puede financiar parte de su actividad mediante publicidad, colaboraciones comerciales o publicaciones patrocinadas.
Estas relaciones deben ser compatibles con nuestra responsabilidad informativa.
En particular:
- Los contenidos publicitarios deben identificarse de manera clara.
- Las colaboraciones comerciales no deben presentarse engañosamente como información editorial independiente.
- El pago por una publicación no garantiza una conclusión jurídica favorable al anunciante.
- No se deben atribuir especializaciones, acreditaciones o resultados a profesionales sin respaldo suficiente.
- Los enlaces comerciales deben utilizar los atributos técnicos adecuados cuando corresponda.
- La presencia de publicidad no debe impedir que el lector comprenda las alternativas existentes.
La identificación de las comunicaciones comerciales responde también a obligaciones establecidas en la normativa española, entre ellas el artículo 20 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información, y el artículo 26 de la Ley de Competencia Desleal, relativo a las prácticas comerciales encubiertas.
10. Menciones de abogados y otros profesionales
En determinadas publicaciones puede resultar útil mencionar profesiones, servicios u organismos relacionados con la resolución de un problema jurídico.
La aparición de un abogado, despacho, procurador, mediador u otro profesional en nuestros contenidos no implica automáticamente una recomendación individualizada.
Cuando publiquemos información sobre profesionales o servicios, debemos diferenciar los datos verificables de las afirmaciones promocionales.
No garantizamos el resultado de procedimientos judiciales ni la actuación futura de terceros.
El lector debe poder valorar si un profesional reúne las condiciones adecuadas para su asunto, teniendo en cuenta factores como su ámbito de práctica, experiencia acreditable, ubicación, honorarios y las necesidades del caso concreto.
11. Respeto a la privacidad y tratamiento de casos personales
Los problemas legales pueden implicar información especialmente delicada sobre situaciones familiares, laborales, económicas o judiciales.
Por ello, evitamos difundir datos personales innecesarios y no presentamos supuestos hipotéticos como testimonios reales.
Cuando un ejemplo tenga carácter ilustrativo, debe resultar comprensible que no describe necesariamente un caso documentado.
La publicación de información procedente de procedimientos judiciales o de fuentes accesibles públicamente no elimina la necesidad de valorar los derechos de las personas afectadas.
12. Qué no hacemos en Derecho en Foco
Para delimitar nuestro compromiso editorial, consideramos importante señalar determinadas prácticas incompatibles con los objetivos del proyecto:
- No garantizamos resultados judiciales ni administrativos.
- No presentamos información general como asesoramiento personalizado.
- No inventamos sentencias, disposiciones legales ni datos jurídicos.
- No atribuimos experiencia profesional o credenciales inexistentes.
- No ocultamos deliberadamente excepciones que puedan cambiar una conclusión.
- No utilizamos títulos alarmistas que distorsionen el contenido jurídico.
- No consideramos que un contenido sea mejor únicamente por su extensión.
- No aceptamos que una colaboración comercial justifique información engañosa.
13. Diferencia entre información y asesoramiento jurídico
Derecho en Foco es un proyecto de divulgación e información jurídica sobre problemas legales en España.
Nuestras publicaciones permiten conocer reglas generales, procedimientos, requisitos y posibles vías de actuación, pero no sustituyen la consulta con un abogado que pueda examinar las circunstancias particulares de un caso.
La información contenida en la web no establece por sí misma una relación profesional entre el lector y Derecho en Foco.
Cuando existan plazos próximos, notificaciones judiciales, riesgo de pérdida de derechos o consecuencias económicas relevantes, recomendamos buscar asesoramiento especializado sin demora.
14. Cómo se relaciona esta política con nuestra metodología
Esta política editorial establece los principios que orientan nuestras publicaciones. La metodología explica cómo deben aplicarse durante la elaboración de una guía.
Si quieres ampliar información sobre nuestros procedimientos de documentación, tratamiento de fuentes jurídicas y estructura de contenidos, puedes consultar nuestra metodología editorial.
Para conocer el propósito y las áreas temáticas del proyecto, visita Sobre nosotros.
15. Nuestro compromiso
La confianza en un medio jurídico no debe construirse mediante promesas de infalibilidad, sino a través de información fundamentada, explicaciones claras, reconocimiento de los límites y disposición a corregir los errores.
En Derecho en Foco queremos que cada publicación aporte conocimiento útil para comprender un problema legal, identificar las opciones disponibles y tomar decisiones con mayor criterio.
Rigor en las fuentes, independencia en las explicaciones y utilidad para las personas. Esos son los principios que definen nuestra política editorial.